El Pleno del Congreso aprobó el 17 de Junio de 2010 el texto definitivo de la reforma de Ley de Morosidad incorporando las enmiendas aprobadas anteriormente por el Senado. De tal manera que se fijan unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores, en el caso de las administraciones públicas el plazo será de 30 días. Se elimina la posibilidad de que las empresas negocien otros plazos superiores de pago a los fijados por la ley.
